Acusa España a Puigdemont por rebelión

La Fiscalía General del Estado dio a conocer este lunes que se querellará por cargos de rebelión, sedición y malversación contra integrantes del destituido Gobierno de Cataluña y del órgano rector del parlamento local, que la semana pasada se dio a la tarea de permitir una votación para declarar la independencia.

Según la ley española, estos ilícitos podrían ser castigados, respectivamente, con penas de hasta 30, 15 y seis años de prisión.

José Manuel Maza, fiscal general del estado, señaló que pedirá a los jueces que adopten medidas preventivas contra los funcionarios, pero no aclaró si entre ellas estaría su detención inmediata y envío a prisión hasta el juicio.

Una de las exigencias contra los cesados dirigentes se presentó en la Audiencia Nacional. En ella se incluye al expresidente Carles Puigdemont y a su número dos, Oriol Junqueras, aunque Maza no los mencionó por su nombre.

En su querella, Maza se da a la tarea de definir el ilícito de rebelión como el “más grave que puede cometerse contra el Estado y sus “principales instituciones”. Asimismo, añadió que “con sus acuerdos, posibilitaron la tramitación de los proyectos esenciales para el desarrollo y la culminación del proceso independentista”.

La segunda de las querellas, que afecta a los integrantes de la mesa del parlamento de Cataluña, entre ellos la presidenta de la cámara, Carme Forcadell, se presentó ante el Tribunal Supremo

En España, ciertos cargos electos, como los legisladores regionales, están gozando de un cierto grado de inmunidad y solo pueden ser juzgados por el máximo tribunal del país.

Los querellados tendrán que ser citados próximamente a declarar, tras lo que se les podrían aplicar medidas cautelares, que podrían abarcar fianza y embargo de bienes por hasta 6 millones 207 mil 450 euros. El proceso contra el Gobierno catalán se realizará en la Audiencia Nacional y el segundo caso será tratado por el Tribunal Supremo.

Maza se dio a la tarea de presentar los cargos en una breve aparición televisiva en Madrid en la que no admitió preguntas de los reporteros.

 

 

 

 

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